Turno a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Propone establecer como derecho de todas las personas el acceso y beneficio a los servicios ambientales de calidad. También, especifica que tendrán prioridad de acceso a este derecho los pueblos indígenas y comunidades locales de estos ecosistemas. Quien realice acciones que alteren la biodiversidad o los procesos del ecosistema, responderán por los daños ocasionados. Por ello, el Estado será el encargado de garantizar la protección del derecho a un medio ambiente sano. Además, se apoyará el desarrollo de las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a principios de conservación del patrimonio biocultural y fortalecimiento de la resiliencia de ecosistemas, sus procesos, equilibrio ambiental y paisajes bioculturales en los que se desarrollen actividades productivas.